El Comité de Empresa de Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, compuesto por representantes de UGT, CCOO y Asipa, han valorado en su “justa medida” la destitución del hasta ahora director general de la entidad, Tomás García Montes, y ha manifestado su desacuerdo con la aprobación del protocolo de intenciones para la constitución de un Sistema Institucional de Protección, SIP.
Dando cumplimiento al mandato recibido de los empleados de la caja en la Asamblea General, el Comité de Empresa realizará cuantas acciones considere oportunas para el mantenimiento del empleo y la continuidad de la caja en Aragón.
Los trabajadores consideran que el SIP implica la pérdida de “la naturaleza jurídica” y el carácter fundacional de CAI y la apertura de una vía para “la privatización” de esta institución, afectando de forma “irreversible a la Obra Social y a los intereses de Aragón”. Además, creen que tendrá un “impacto negativo y la deslocalización de parte del capital humano con traslados a Madrid”.
Por último, han destacado en esta nueva etapa, “el talante dialogante de los miembros del Consejo de Administración”, los que esperan que permita establecer una “estrecha” relación para “encontrar un camino común” que les conduzca a una meta acorde con los intereses de la Caja.
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