Así lo ha indicado en una rueda de prensa la presidenta del Comité Intercentros, Victoria Camarena, quien ha afirmado que el SIP, cuyo acuerdo vinculante podría aprobar mañana el consejo de administración de la caja, 'no tiene base legal alguna'.
El consejo de administración de CAI aprobó seguir adelante con el SIP en una reunión el pasado día 14, en la que también destituyó al director general, Tomás García Montes, y mañana podría aprobar el acuerdo vinculante, que tendría que ser ratificado por la asamblea de la entidad, según el comité.
Camarena ha comparecido junto a Miguel Ángel Villaba, de CCOO, y Gonzalo Postigo, de ASIPA, quienes han explicado que entre la aprobación por el consejo y la ratificación de la asamblea, que podría convocarse en el plazo de un mes, el comité intercentros convocará las medidas necesarias para evitar que el proyecto vea la luz, entre ellas una huelga de los trabajadores.
El comité, han anunciado, convocará la semana próxima una asamblea de trabajadores para acordar las movilizaciones contra el SIP que, según ha indicado Postigo, no es una exigencia del Banco de España, como se argumenta, ya que éste sólo exige a las entidades de ahorro que presenten un plan estratégico y de negocio supervisado por una consultora de prestigio.
El comité intercentros ha convocado la rueda de prensa ante la 'clara afrenta' que, a su juicio, supone la carta que hoy ha recibido toda la plantilla, unos 1.300 trabajadores, firmada por el presidente de la caja, Antonio Aznar, en defensa del SIP, lo que supone que el diálogo con los representes de los trabajadores era una 'estrategia' para ganar tiempo y tener firmado el acuerdo vinculante antes del 31 de diciembre.
Máxime, ha agregado Camarena, cuando se creó una comisión delegada para estudiar otras alternativas al SIP, entre ellas la que defiende el comité, que la caja continúe en solitario, como han decidido otras entidades, como Caja Círculo, que deberían servir de referencia, ha apostillado Villaba.
Según el representante sindical, en la carta Aznar asegura que la CAI, con esta alianza, mantendría su personalidad jurídica pero no es posible 'materialmente', dado que se creará una sociedad anónima, con sede central en Madrid, que se encargará de la gestión y las cajas serán meras 'ejecutoras' y sus órganos de gobierno quedarán 'vacíos de contenido'.
Además, desaparecería la tutela del Gobierno de Aragón, cuya actitud en este proceso han 'reprobado' frente a las decisiones que sí han tomado otras comunidades autónomas para tener derecho a veto en las fusiones frías, como Andalucía, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.
Camarena ha advertido además del impacto que el SIP puede tener sobre el empleo, y aunque no hay ningún estudio al respecto y Aznar en su carta dice que sería escaso, podría estar entre el 25 y el 30 por ciento.
Por su parte, Villaba ha afirmado que la banca está detrás de la reestructuración del sector financiero porque las cajas son incómodas, dado que muchos en España ocupan un segundo lugar.
Además, ha insistido en que CAI goza de muy buena solvencia y liquidez y cuenta con el mejor de los activos, los trabajadores, 'una plantilla comprometida' y convencida de que la CAI es viable pero, ha indicado Postigo, con el SIP la caja aragonesa perderá liquidez y solvencia en favor de las otras entidades.
El comité intercentros exige al Gobierno de Aragón el mismo compromiso que tiene con General Motors, porque la caja es la cuarta empresa de la comunidad y podría incluso para el SIP, y solicitarán una entrevista con el presidente, Marcelino Iglesias, para que les explique la postura del Ejecutivo.
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